Bahameños repatriaron a más haitianos que RD
sábado, diciembre 20
Afirma no todos los deportados de EEUU son delincuentes
viernes, noviembre 20
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El subdirector de Migración doctor Santos Miguel Román dijo que no todos los deportados que envía Estados Unidos son delincuentes, aunque reconoció que la mayoría si lo es e influyen en los índices de criminalidad en el país
Dijo que muchos dominicanos han cumplido condenas y son deportados, así como otros que han tenido delitos menores, como asuntos de transito o mala conducta.
Apuntó que Migración da seguimiento a los repatriados y en coordinación con programas gubernamentales en procura de reinsertarlos en la sociedad.
“Pero hay que admitir que muchos son graduados en criminalidad y traen con ellos formas nuevas de delitos que son difícil de combatir”.
En otro orden Roman valoró como positivo que el Estado de facilidades a los dominicanos que retornan tanto de España, acogiéndose al Programa de Retorno, como de otros países Europeos.
Dijo que muchos criollos han quedado desempleados tras la crisis financiera, que golpea con fuerza a toda Europa, y que ha elevado sobre el 17 por ciento el desempleo en España.
Reveló que el Gobierno otorga facilidades a los que retornan, con exoneraciones de ajuares y vehículos, los orienta para que puedan invertir el dinero que han ahorrado o han recibido a través de sus cotizaciones por años.
Al ser entrevistado en el programa “Dejando Huellas”, por Dominicana FM y Radio Santo Domingo AM, de la Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV, Román dijo que muchos dominicanos vienen con ocho, siete y cinco mil euros ahorrados y aquí en el país montan una micro o pequeña empresa, con la cual pueden sustentar sus familias.
Expresó que los más afectados por la Ley de Retorno Española son las domesticas, camareros y meseros, que han tenido que retornar a su país, y eran las fuentes del envío de remesas para sus familiares.
“Muchos vienen aquí, se convierten en micro empresarios y de esa manera ayudan al problema de desempleo dominicano”, apuntó el funcionario.
Agregó que aunque hasta ahora unos 30 dominicanos son los que han acogido el Plan de Retorno, es posible que ese número se eleve para fines de año.
“Pero ellos vienen con asesoría del Consulado y son trabajadores que van a invertir en negocios en su país”, dijo.
Explicó que es una decisión de las autoridades españolas ofrecerles facilidades a sus nacionales sobre los inmigrantes, debido a la crisis financiera que golpea esa nación.
Recordó que esto sucede a pesar de los acuerdos laborales entre España y República Dominicana sobre empleos, a través de los cuales muchos profesionales y técnico dominicanos consiguieron viajar a ese país a europeo con contraltos de trabajo. “Independientemente de que ellos hagan un buen trabajo, España da prioridad a sus nacionales y eso hay que entenderlo”.
Deportaciones
Román, quien también es catedrático universitario y experto en seguridad nacional, dijo que
f/Diario DigitalRD.Com
República Dominicana, ante el reto de reordenar la inmigración
martes, junio 16
A Franklin Almeyda, ministro del Interior y Policía de República Dominicana, le atraen las misiones imposibles. En el verano de 2006 logró la aplicación de un decreto para establecer límites de horario de cierre a bares y restaurantes en un país en el que la diversión nocturna es casi una obligación nacional.
Ahora quiere cambiar la frágil realidad inmigratoria de su país, marcada por la ausencia de estadísticas fiables sobre los extranjeros que viven en él, pero sobre todo en lo concerniente a la cantidad de haitianos que lo habitan, la gran mayoría de manera ilegal, principal foco de discordia cuando se analiza el tema migratorio.
Para provocar el cambio, el ministerio ha iniciado el debate en torno a una propuesta para registrar y regularizar a los extranjeros, legales e indocumentados.
Los cientos de miles de haitianos que viven sin papeles en República Dominicana —el rumor público habla de que, junto con los legales, suman en total cerca de millón y medio— serían los principales destinatarios de una iniciativa que sigue el ejemplo de otros países que han llevado a cabo procesos semejantes.
Algunas de esas experiencias se analizaron en el encuentro
internacional Políticas Migratorias y Experiencias en Procesos de Regularización, celebrado el 10 y 11 de junio en Santo Domingo, la capital del país, y al que asistieron representantes de 25 países.
Una de las dificultades para el proceso que se quiere aplicar en República Dominicana se palpa en la epidermis del país, especialmente sensible a la hora de hablar de la legalización de sus vecinos isleños. Lo que se plantea como la solución definitiva para enfrentarse a la debilidad en la aplicación de legislaciones migratorias tiene los visos de una carrera de obstáculos que el ministro Almeyda pretende sortear apelando a altas dosis de firmeza y actitud racional en detrimento de las posiciones emocionales.
El debate iniciado la pasada semana trata específicamente sobre el reglamento para aplicar la ley de migración. En él se habla, entre otras cosas, de establecer cuotas para la inmigración laboral, de cuidar los intereses de los emigrantes dominicanos, de los procesos de deportación y de "preparar y ejecutar el Plan Nacional de Registro y Regularización de los extranjeros", que se extenderá durante 36 meses a partir de su inicio.
Tomando como límite la promulgación de la nueva Constitución dominicana, en proceso de revisión en la Asamblea Nacional, todo extranjero que probase hasta dicho tope su residencia en República Dominicana por espacio de 10 años o más recibiría la residencia permanente y un documento válido por cuatro años renovable. Quienes demostrasen lo mismo por un periodo de entre cinco y 10 años obtendrían la residencia temporal, válida por dos años y sujeta a su cambio a permanente. Al resto se le reconoce un estatus de no residente con la entrega de un documento valedero por 60 días para turistas y por un año para trabajadores temporales, de acuerdo con la ley.
Si bien es cierto que República Dominicana enamora a los visitantes y no son pocos los que fijan su residencia en ella, también lo es que los extranjeros de otras nacionalidades diferentes a la haitiana suelen a estar legalizados. Y hasta se nacionalizan.
Según datos del ministro Almeyda, en los últimos cinco años, se nacionalizaron dominicanos 700 cubanos, 400 chinos, 400 estadounidenses y entre 100 y 200 colombianos y venezolanos: "Sólo 25 del total de nacionalizados fueron haitianos", afirmó.
El proceso de regularización involucrará en especial a los llegados del país vecino, generalmente mano de obra barata que trabaja en el sector de la construcción, en el campo y, últimamente, en la hostelería, así como en la venta callejera de frutas y comidas de cuestionable calidad sanitaria.
Hay que añadir a quienes cruzan para acudir a los hospitales públicos dominicanos. Las embarazadas llegan a representar la mitad de los casos atendidos por los médicos. Sus hijos, sin embargo, no son susceptibles de obtener una nacionalidad dominicana que niegan las disposiciones constitucionales actuales y venideras. Sólo podrán aspirar a inscribir a sus hijos en un Libro de Extranjería a título, exclusivamente, de constancia de nacimiento.
En la inauguración de la conferencia internacional mencionada, el presidente dominicano, Leonel Fernández, planteó "un ordenamiento, una forma de regularización al fenómeno migratorio que tiene que partir de la idea siempre del respeto a los derechos humanos". El ministro Franklin Almeyda está decidido a seguir esa línea. Pero no todos en el Gobierno lo ven así. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, cree que las regularizaciones "envían a quienes aspiran a inmigrar ilegalmente el mensaje de que pueden apostar a que ellos, con el tiempo, y tras una extendida permanencia, también le tumbarán el pulso a la ley". Además, "no resuelven el problema de la inmigración ilegal para siempre, y no impiden que la situación que corrigen vuelva a repetirse una y otra vez".
f/elpais.com
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