El fantasma de la desconfianza vuelve a golpear a la Junta

Las dudas se siembran desde actores internos de la propia Junta Central Electoral (JCE) y se combinan con figuras externas, tanto del país como del extranjero, y eso genera un nivel de incertidumbre alrededor de cada proceso electoral que ha socavado históricamente la confianza que debe primar en los comicios. La supuesta parcialidad del presidente y miembros de la JCE, denuncias de dislocamientos y exclusiones del padrón, el centro de cómputos, por la transmisión y conteo de los votos, han sido siempre blancos de ataques contra el órgano de elecciones. En la actual coyuntura, la implementación del conteo automatizado de las boletas, ha sido el motivo en que los actores políticos se han apoyado para generar desconfianza en torno a las elecciones. En la necesidad que se haga un conteo manual se han manifestado varios partidos de oposición, con más ahínco el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alianza País y la Fuerza Nacional Progresista (FNP). Esos partidos han dicho que están de acuerdo con el conteo electrónico de las boletas, pero que también debe hacerse manual para mayor fiabilidad. Esos partidos se han apoyado en lo que establece la ley 275-97 para exigir el conteo manual de las boletas antes de que sean leídas por equipos electrónicos. “El secretario desdoblará la boleta leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando ésta al presidente, quien la examinará y exhibirá a los demás miembros y delegados presentes”, establece el artículo 127, de la Ley Electoral dominicana. Cuando se planteó el conteo automatizado de las boletas, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, explicó que el objetivo es “eliminar el factor humano” por considerar que uno de los mayores problemas que persisten en el escrutinio es el llenado de las actas por el personal de los colegios electorales. En el 2012, en medio de las elecciones, se generó una crisis que terminó con la asignación de tres “centinelas” en el centro de cómputos por las dudas que se generaron sobre el director del centro de cómputos, Franklin Frías, por la renuncia del gerente de informática, Miguel Ángel García, entre otras razones por supuestas modificaciones a la base de datos sin su consentimiento. La crisis en el centro de cómputos se extendió hasta febrero del 2012 y para resolver el impasse fueron designados tres técnicos, Fabricio Gómez, Piña Kelyn Peña y Agustín López Nieto. Además, se auditaron el padrón y el centro de cómputos y esas investigaciones como la contratación de los técnicos implicó una inversión superior a los 16 millones de pesos en tres meses. Para esas elecciones también se denunció un supuesto dislocamiento de votantes en el exterior, especialmente en Nueva York, Estados Unidos y España. La historia se repite En las elecciones presidenciales del 2008, cuando se implementó por primera vez la transmisión de las actas de votación a través de escáneres, el candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas, expresó su preocupación por la transmisión a través de esa tecnología y lo mismo expresó Guillermo Moreno, que en ese entonces era candidato presidencial de Movimiento Independiente Unidad y Cambio (Miuca) podrían ser manipulados “desde fuera”. Para esas elecciones, el miembro titular del organismo, Eddy Olivares, advirtió sobre la necesidad de blindar los equipos “para evitar que fueran hackeados”. En las elecciones del 2006, las denuncias de dislocamiento en el padrón de votantes centró el tema electoral. En esa ocasión, el entonces miembro del organismo, Roberto Rosario, advirtió que el cambio “podría provocar una crisis poselectoral”, según consta en una publicación del 4 de mayo del periódico Diario Libre. Los reportes señalaban que los dislocados eran 125 mil, pero la JCE admitió que eran 60 mil. En el 2004, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, denunció exclusiones en el registro de votantes. “Ya nuestros técnicos nos han informado que hay cerca de 420 mil personas excluidas”, declaró el 15 de mayo. Al día siguiente Fernández ganó las elecciones con el 57% de los votos. En el 2003, el presidente del organismo, Manuel Ramón Morel Cerda, renunció por presión de los partidos políticos y a consecuencia de eso la JCE, fue dividida en dos cámaras. Observación, otro factor que ha causado ruido La embajada de los Estados Unidos había expresado su interés de acreditar 26 miembros de su cuerpo diplomático para que participen como observadores de las elecciones, tema que generó ruidos al organismo. El pleno de la JCE decidió que los diplomáticos de los Estados Unidos pueden participar como invitados igual que los representantes de otros países. Igualmente, Participación Ciudadana se quejó de la tardanza de la JCE en atender sus solicitudes de participar como observadores del proceso. El pleno del órgano le acreditó mil observadores al movimiento cívico no partidista. Otros temas que han afectado la JCE son las denuncias de compra de cédula. Por la desconfianza en la JCE, ha sido necesario la firma de pactos y creación comisiones. Conteo La implementación del conteo automatizado de las boletas, ha sido el motivo de discusiones. Por Yanessi Espinal Periodista yespinal@elcaribe.com.do

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Las elecciones de 2016 se harán con una ley obsoleta

Hace más de cinco años que el Congreso Nacional proclamó una nueva Constitución que introdujo cambios sustanciales en la conformación y funcionamiento de la Junta Central Electoral (JCE), pero aprobar la ley orgánica del Régimen Electoral que se adapte a la nueva realidad no ha estado en la agenda del Congreso Nacional, a pesar de que el país se encamina a organizar los terceros comicios bajo el régimen de una ley obsoleta. La propuesta de reforma a la Ley 275-97 fue depositada por la JCE en el Congreso en dos ocasiones y fue elaborada por el órgano electoral con la colaboración de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El proyecto fue entregado por la OEA el 25 de septiembre del 2011 al presidente de la JCE, Roberto Rosario, y luego fue aprobado por el pleno del organismo y sometido por primera vez a la consideración del Congreso ese mismo año y reintroducido en abril del 2013 por la Cámara de Diputados. También entidades de la sociedad civil, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana, han alertado sobre la necesidad de la ley, pero nada se ha logrado. De hecho, la JCE ha realizado varios seminarios y talleres con legisladores y representantes de los partidos políticos a fin de consensuar tanto la ley de partidos como la electoral, pero hasta ahora no ha servido de nada. La ley que rige la JCE todavía habla de que ese órgano está dividido en dos cámaras, la Administrativa y la Contenciosa, y de que debería estar integrada por nueve jueces, aspecto que fueron eliminados en la reforma del 2010. “Lo que sucede es que eso no es una prioridad, la prioridad es la agenda política pero no lo institucional”, resumió Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, el poco interés que han mostrado los partidos en aprobar la ley de reforma a la JCE. El jurista citó también que el no aprobar esa iniciativa y la de partidos políticos, no solo es violatorio de la Constitución sino de la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que pone como límite el 2015 para aprobar las reformas al sistema electoral. “No ha sido posible aprobar una ley que ha venido reclamando el propio presidente de la JCE, es decir, el propio presidente del órgano rector ha venido advirtiendo la necesidad de que se apruebe”, observó. “Estamos frente a un hecho grave que de alguna u otra forma atenta contra la institucionalidad”, sostuvo Castaños Guzmán. La Finjus afirmó que el retraso en actualizar la Ley Electoral será negativo para el país cuando se evalúe la calidad de la democracia. “Eso daña la democracia y nos vamos dar cuenta cuando nos evalúen el año que viene, la calidad de la democracia se va a ver afectada por no haber aprobado la Ley Electoral y la de los partidos políticos”, puntualizó. Criticó que los partidos no hayan tenido interés de colocar el proyecto en la agenda legislativa sobre todo en un proceso electoral en el que el presidente de la República se va a reelegir. “Nosotros estamos frente a un entorno que obliga a que estas legislaciones se puedan aprobar para las próximas elecciones”, expresó. Para Castaños Guzmán el reto radica en que si a pesar de que la Ley Electoral pueda ser aprobada en la próxima legislatura, existan los mecanismos para su aplicación efectiva. “Eso es parte de la cultura política y quienes están en el poder”, dijo sobre la falta de interés del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para impulsar esa iniciativa a pesar de que tiene el control del Congreso. Debate electoral, un aporte proyecto La propuesta de ley orgánica del régimen electoral, elaborada por la JCE y la OEA, establece regular los actos del gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y los ayuntamientos en las actividades políticas, es decir, limita su participación en actividades de inauguración que pudieran vincularse con la campaña electoral. Otro aspecto es que para la obtención de la primera cédula se reduce la edad de 16 a 12 años. El proyecto también prevé eliminar el término indio para identificar a los dominicanos por el color de la piel por lo que se usarán mulatos, negros y blancos. Igualmente, un aporte del proyecto que reposa en el Congreso sería la obligatoriedad de organizar debates electorales entre los candidatos a la Presidencia que en las encuestas tengan más de un cinco por ciento de aceptación. Los cara a cara estarían organizados por la JCE y prevé sanciones para los partidos que se nieguen a debatir. Escepticismo En el hipotético caso de que se aprueben antes de las elecciones yo no sé si habrá tiempo y si existen las condiciones para ponerla en vigencia” Prioridad La ley electoral no es prioridad porque aquí la prioridad es la agenda política, pero no la agenda institucional, eso no le interesa a los partidos” Por Yanessi Espinal Periodista yespinal@elcaribe.com.do

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Reglamento permitiría proselitismo en cárceles nuevo modelo penitenciario

SANTO DOMINGO. Aunque con ciertas regulaciones, el proselitismo sería permitido en las cárceles del país para las próximas elecciones generales del 2016, según lo consigna el proyecto de reglamento para el ejercicio del sufragio en los recintos penitenciarios, elaborado por la Junta Central Electoral (JCE). El proyecto que será remitido a los diferentes partidos políticos para consulta, establece que la campaña de promoción se permitirá de manera exclusiva en el orden de la candidatura presidencial. “Los partidos políticos o alianzas de partidos que presenten candidaturas en el nivel presidencial en las elecciones ordinarias generales, tendrán derecho a realizar algún tipo de propaganda y publicidad de sus candidatos”, refiere la propuesta. Aduce, además, que corresponderá a la JCE establecer el mecanismo a utilizarse, el tiempo y el espacio en que los partidos harán la propaganda política en dichos recintos. No obstante, se hace la advertencia de que las organizaciones políticas deberán cumplir con las disposiciones de seguridad que tengan establecidos los centros penitenciarios. Acorde a la iniciativa la jornada de votación se iniciará en un horario especial, procediéndose a las 8:30 a.m. a la instalación de los “colegios electorales penitenciarios”, con la presencia de los miembros y delegados acreditados. Las votaciones se abrirán a las 9:00 a.m. y cerrarán a las 4:00 p.m. “Los internos serán organizados en grupos cuya cantidad dependerá de las condiciones del local y las debidas normas de seguridad establecidas por las autoridades penitenciarias; terminada la votación de un grupo, las autoridades dispondrán el desplazamiento del siguiente y así sucesivamente”, destaca la propuesta. En lo concerniente a la acreditación de los delegados políticos, se permitirá un representante titular y un suplente ante cada colegio. No se permitirán figuras adicionales. Se hace hincapié en que el voto sólo se aplicará en las instalaciones adscritas al nuevo modelo penitenciario. Del procedimiento Los colegios electorales penitenciarios deberán tener una cantidad de inscritos que no superen los 400 internos. Serán identificados con una codificación especial. Los colegios electorales estarán integrados por cinco miembros que serán designados por la JCE, del personal captado en cada demarcación. Si por una causa atendible, el interno es trasladado a otro recinto, se procurará hacer las gestiones que fueren pertinentes para que estos puedan ejercer el sufragio. Quedará al criterio de las instituciones carcelarias el cumplimiento de esta disposición. Por:NIZA CAMPOS

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