RD está legislando en contra de las mujeres

SANTO DOMINGO, RD.- El pueblo dominicano eligió ser gobernado por un presidente y unos legisladores, no por un obispo, afirmó la militante feminista Sergia Galván este martes al ser abordada por la prensa sobre el peso que ha tenido la Iglesia Católica en el debate sobre la penalización del aborto. Fue categórica. Estaba hablando a propósito del nuevo código penal y en un contexto muy oportuno: la celebración del seminario sobre la legislación como garante de los derechos de la mujer. Su indignación era notable y, es que en general, lo que se percibe entre las organizaciones que trabajan para lograr una sociedad más igualitaria es que el país no está legislando para garantizar los derechos de las mujeres. De hecho, ocurrirá lo contrario si el presidente Danilo Medina no observa el Código Penal aprobado por el Congreso recientemente, que penaliza todos los casos de aborto en República Dominicana. A juicio de Galván, esta disposición congresional es el resultado de “el conservadurismo, el chantaje político, la doble moral y la injerencia de los fundamentalismos eclesiales en las decisiones políticas”. Además, de entrar en vigor, incrementaría los abortos en condiciones de riesgo y la mortalidad materna, sobre todo en la población más pobre, que no puede practicarse un aborto en una clínica privada ni viajar a países en que es esta práctica es legal. Igualmente crítica fue Magaly Caram, directora ejecutiva de Profamilia, quien aseguró que uno de los retos más importantes del país es el de “abandonar el reducido y deshonroso grupo de países que prohíben penalmente todo tipo de interrupción del embarazo, aún cuando sea producto de incesto, violación o cuando el producto sea incompatible con la vida de la madre”. Actualmente no llegan a diez los países que tienen una postura tan radical como la República Dominicana al penalizar el aborto. “Una vez más se comprueba que la vida, la salud y los derechos de las mujeres no son prioridades” para la mayoría de los congresistas, concluyó Caram. Citó como excepciones, y entre otros, a las diputadas Magda Rodríguez, Minou Tav´parez Mirabal, Josefa Castillo, Lucía Alba y Lucía Medina; y a los diputados Frank Soto, Juan Carlos Quiñones y Manuel Jiménez. Agregó que el grueso de los legisladores “se ha rendido” ante la presión de sectores que impiden que el país avance en materia de derechos humanos, pero “se presentan en la opinión pública como abanderados de los derechos de las mujeres”. También se pronunció en este sentido Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudio de Estudio de Género de INTEC, quien consideró que, como país, “estamos en un momento crítico de nuestro proceso político”. “La sociedad dominicana no resiste más el peso de la indolencia de la estructura de un sistema de partidos genuflexo ante poderes eclesiales, con las consecuencias de dolor y muerte sobre las mujeres”, expresó. También la diputada Magda Rodríguez criticó la pieza legislativa, destacando que no responde a las demandas de las mujeres, que conforman el 50.8% de la población. Se refirió específicamente a la necesidad de que incluya la tipificación del feminicidio no íntimo como delito penal y advirtió que, pese a las dificultades, la igualdad “el objetivo a que seguiremos apuntando. Todas hicieron los pronunciamientos durante el citado seminario, que fue coordinado por el Centro de Estudio de Género de Intec. Por: LERY LAURA PIÑA