El presidente Danilo Medina argumentó “tengo mis manos limpias, libres de pecado”, en una defensa de su desempeño pero no se arriesgó a defender en su conjunto al gobierno ni a los funcionarios bajo su mandato y dirigentes peledeístas involucrados en escandalosos actos de corrupción antes y durante su gestión.
Su permisibilidad para la impunidad ha llegado a niveles nunca antes vistos. Castigo cero ha sido su record hasta el momento. Ni siquiera ha ejercido su autoridad para que los funcionarios designados en cumplimiento de la Ley y su promesa presenten sus declaraciones juradas de bienes.
El presidente reeleccionista llegó al extremo de clamar a sus seguidores “buscar los votos hasta debajo de las piedras” al tiempo que advirtió que “las cosas pueden variar”, y así será porque él sabe que junto a su Partido y aliados perderá las próximas elecciones de la coalición opositora a resultas del cambio de gobierno que exige la sociedad dominicana.
Es un mentís a su soberbia al creer en cantos de sirena de áulicos cuando conoce que hoy se encuentra bajando al 40% de las preferencias electorales.
El reciente emplazamiento del pastor Ezequiel Molina a la clase política en su presencia y otras pastorales y denuncias múltiples no se resuelve con su exclamación de pulcritud. Es a la sociedad que le compete evaluar su honestidad.
En el tema de la corrupción en su gobierno, a partir del último destape de la venta a sicarios de sentencias por “órdenes superiores” a jueces, la mayoría del país cuestiona severamente el desastroso derrotero gubernamental, especialmente en las grandes inversiones y obras del Estado.
Es también corrupción los impuestos abusivos y sobreprecios a los combustibles que el presidente de la República autoriza con su firma. Además, los endeudamientos que hipotecan las presentes y futuras generaciones.
Más grave aún, no rendir cuentas al país del acuerdo para el funcionamiento de la Barrick Gold luego de recibir respaldo para la exigencia de un trato justo.
Tampoco está exento el presidente del incremento de la inseguridad pública y del deterioro de los órganos encargados de prevenirla y combatirla.
Es corrupción, asimismo, permitir la impunidad que el Estado compre medicamentos falsificados. Dejar los hospitales sin el presupuesto adecuado es corrupción.
Negarles el reajuste de sueldos a los empleados públicos y privados, por igual es corrupción.
El presidente se incriminó cuando pretendió con las palmas de sus manos ocultar la verdad de la descomposición institucional que hoy padece nuestra República Dominicana.
Por FAUSTO HERRERA CATALINO
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