Según Mateo el actual gobierno se niega a cumplir la ley de educación y persiste en su incumplimiento asignando apenas un 1.98 por ciento del PIB al sector, por eso, dijo, es que “hemos recurrido a la Justicia para que sea ese poder del Estado el que se encargue de reestablecer la legalidad”.
“Si la justicia no actúa en dirección a proteger el derecho de los dominicanos a la educación y si no obliga a que el gobierno cumpla la ley entonces entraríamos en un estado de indefensión”, expuso Mateo al entregar en la secretaría del tribunal el recurso de amparo.
El recurso está firmado, además de las organizaciones de la coalición, por 1,075 personas individuales, entre ellas educadores, profesionales, activistas y políticos de distintas tendencias.
“Este es un Estado social democrático de derecho establecido en nuestra Carta Magna, y el presidente de la República y el Congreso estarían violentando su esencia si no cumplen con la garantía de los derechos fundamentales, en este caso la educación, y la ley que la regula”, indicó la jurista y activista social al establecer que “la esperanza de la sociedad ahora está en la Justicia”.
La Coalición Educación Digna también fue representada por la firma de abogados Pellerano y Herrera y por el jurista Federico Ortiz Galarza. La presencia de Pellerano y Herrera del lado de la Coalición causó extrañeza entre varios activistas sociales que se encontraban en el tribunal.
Algunos representantes de movimientos juveniles, los más dinámicos de la lucha social de los últimos años y que apoyan a la coalición, expresaron su desacuerdo con la participación de Pellerano y Herrera porque, expresaron, es la misma firma que representa a la Barrick Gold en el país, empresa minera a la que están enfrentados, también por un recurso de amparo, para que se respete la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.
Alfonso Torres
7dias.com.do
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